Pablo Toloza se refirió a la acusación de fraude al fisco en el caso Procultura, al destino de los fondos públicos y al vínculo entre Alberto Larraín y el gobernador Claudio Orrego.
Pablo Toloza se refirió a la acusación de fraude al fisco en el caso Procultura, al destino de los fondos públicos y al vínculo entre Alberto Larraín y el gobernador Claudio Orrego.
Este fin de semana, la investigación sobre la Fundación Procultura dio un giro con la detención de sus principales directivos, entre ellos Alberto Larraín, en el marco de un convenio con el Gobierno Regional Metropolitano. Según la Fiscalía, el contrato se habría realizado debido a la cercanía personal entre Larraín y el gobernador Claudio Orrego, quien actualmente espera su desafuero para ser formalizado.
En conversación con #CuatroCabezasGlobal, Pablo Toloza, abogado querellante del caso en representación de la UDI, detalló que la imputación apunta a un supuesto fraude al fisco, ya que Procultura habría suscrito un convenio por más de 600 millones de pesos para prevención del suicidio sin contar con la experiencia ni el giro legal correspondiente.
“Procultura terminó subcontratando a cinco fundaciones que sí tenían la expertise, actuando en la práctica como un bróker (...) Este contrato nunca se habría generado sin la relación estrecha entre Larraín y el gobernador Orrego”, afirmó Toloza.
Respecto al delito de fraude al fisco, el abogado explicó que no es necesario que el imputado haya sido un empleado público tradicional.
“La teoría de la comunicabilidad permite que Larraín, como director de una corporación especial nombrada por el Gobierno Regional, tenga calidad de funcionario público. La materia de corrupción ha evolucionado y hoy se aplica con criterios más estrictos”, sostuvo.
Toloza también se refirió al destino de los fondos públicos involucrados. De los 600 millones de pesos del convenio, señaló que solo una parte fue rendida correctamente, mientras que aproximadamente mil millones de pesos no han sido completamente rastreados, y parte de ellos habría sido invertida ilegalmente o utilizada en conceptos distintos a los convenidos.
Finalmente, sobre el futuro de Orrego, el abogado sostuvo que “hay antecedentes suficientes para desaforar al gobernador. La rapidez con que se aprobó este convenio y la manera en que se entregaron los fondos no tiene explicación lógica sin esta cercanía”.
Toloza advirtió que, de haberse originado la causa bajo la legislación actual de delitos económicos, el escenario judicial sería mucho más severo: “Si esta causa se hubiera iniciado el año pasado, le habría correspondido juzgarse por la ley de delitos económicos y estaríamos en un escenario completamente distinto. Todos en prisión preventiva”.